Manifiesto de la Asociación Mestral XXI a los Vecinos de Tres Cales
En el proceso de municipalización del agua de Tres Calas es fundamental que este cambio se realice con total transparencia y sin ningún tipo de duda sobre cómo se gestionan los recursos públicos.
En este caso, es importante aclarar que en 1984 no se firmó ningún contrato ni concesión, sino simplemente una autorización del Pleno para que una empresa privada prestara el servicio.
Esto tiene consecuencias jurídicas muy relevantes:
- Una autorización es un permiso administrativo revocable, sin plazo, sin obligaciones recíprocas y sin derechos económicos consolidados.
- Una concesión, en cambio, sí fija un plazo determinado, obligaciones técnicas, inversiones amortizables y un régimen económico que puede generar indemnizaciones en caso de extinción.
- Un contrato de suministro o gestión de servicio establece condiciones claras, un precio, responsabilidades, penalizaciones y mecanismos de control.
Nada de estos dos últimos supuestos existieron en 1984, lo que significa que el Ayuntamiento puede revocar la autorización si el servicio ya no cumple la normativa o si el interés general lo exige.
Y en este caso, los informes y controles sanitarios actuales muestran incumplimientos de la normativa de Salud Pública, lo que obliga legalmente al Ayuntamiento a intervenir para garantizar que el agua suministrada sea segura.
Además, al no existir concesión ni contrato, no existen plazos que respetar ni indemnizaciones automáticas, lo que facilita la recuperación pública del servicio.
Precisamente por eso, cuando un Ayuntamiento decide asumir directamente un servicio esencial —como el agua potable— y más aún en una situación con problemas sanitarios, la ciudadanía tiene derecho a pedir explicaciones claras y garantías de que los recursos públicos se gestionarán correctamente.
Es esencial que:
- se publiquen los informes técnicos, económicos y sanitarios completos existentes desde 2014
- se expliquen de forma abierta las inversiones previstas,
- se garantice que cualquier transferencia de dinero esté justificada y auditada,
- y exista supervisión independiente para evitar dudas y asegurar que todo el proceso responde al interés general.
La municipalización del agua debe ser un proceso limpio, transparente y orientado exclusivamente al bien común, sin lugar para sospechas, beneficios privados o decisiones poco justificadas.
La confianza ciudadana depende de que todo se haga a la luz pública y con la máxima claridad.
6/12/2025