Esto es lo que publico La Cala RTV el dia 23/09/26 del documento enviado
Este es el Documento que se envio a La Cala el 21/09/26
Derecho de replica a las declaraciones de la Regidora no adscrita en el Programa “Portaveus” de La Cala RTV.
Sin entrar en el contenido de sus opiniones, lo primero que nos gustaría destacar es que ¿no entendemos en base a que? la Regidora no adscrita participa en un programa que se llama “Portaveus”.
La RAE define este concepto como “Persona autorizada para hablar en nombre de una colectividad, difundir información y responder a ciertas preguntas.” Desde el momento en que esta ciudadana fue expulsada del PSC y paso a la condición de “no adscrita” ya no cumple ninguna de estas premisas y en consecuencia se le esta dando un derecho que podríamos reclamar cualquiera de los mas de 7000 empadronados en L’Ametlla de mar.
No obstante, debido a la gravedad de sus opiniones en un medio público en contra de nuestra Asociación, vamos a invertir un poco de tiempo para rectificar lo que dice respecto Mestral XXI.
Y empezaremos dándole la razón, tenemos la urbanización (nos gusta más Barrio) cada vez peor, llena de agujeros, sucia, con problemas serios de recogida de basuras, de verdes, sin señalización, problemas en la red de distribución de agua, electricidad, etc.etc. y estamos asombrados que ahora se dé cuenta, después de tantos años de ser vecina nuestra.
La pregunta que nos hacemos ahora es ¿porque no aprovecho sus tres años de politica para hacer alguna cosa, o por lo menos manifestar su disconformidad a su colega de la Regidoria de Urbanizaciones o a la propia Alcaldesa con la que tiene una buena relación?
Cambiemos el tema, ya sabemos que los politicos mienten y en el mejor de los casos se adaptan a las circunstancias, pero eso no les autoriza a hablar sin saber, salvo que se quiera manipular (esa palabra que tanto le gusta). Todo este lio empieza con las cuentas de 2025 y las alegaciones que presenta la Asociación. Ante los hechos denunciados por la propia Interventora, el Control financiero y las Auditorias, que entendemos que son graves, nos reservamos nuestra opinión y solicitamos explicaciones. Si, dejamos claro el reparto de responsabilidades, a quién corresponde la gestión (que es el equipo anterior y entre ellos la regidora no adscrita) y a quién corresponde tramitarlas (que es el equipo actual). Pues bien, parece que para esta Sra. eso es politizar, pues se equivoca una vez más, no lo es, eso es dejar las cosas claras.
Y para finalizar, nuestra Asociación no se comunica sólo por un Whatsapp de nombre “Amigos” sino por tres: “Una Ametlla de mar millor” y “Amis” que es trilingüe. El primero es el Tablón de anuncios de la Asociación (sólo de salida y equivalente al Portal de Transparencia) y los otros dos son de entrada/salida donde la gente escribe lo que quiere y emite sus opiniones. TODOS los mensajes de “Amigos” son replicados a los otros dos canales. La Asociación Mestral XXI es apolítica, transparente y abierta a quién quiera TRABAJAR por el bien de Tres Cales.
16/09/26
En el programa Portaveus la Regidora Ana Aragón, hace estas declaraciones
04/09/26
26/08/26
Contenido de las alegaciones
ALEGACIÓN N.º 1
Falta de correspondencia entre la imagen global ofrecida por la Cuenta General de 2025 y las incidencias relevantes puestas de manifiesto por la Intervención municipal y los órganos de control
AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE L’AMETLLA DE MAR
En relación con la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2025, y dentro del período de exposición pública, se formula la presente ALEGACIÓN, sobre la base de los siguientes:
HECHOS
Primero. La Cuenta General debe permitir valorar la gestión económica municipal en su conjunto
La Cuenta General no puede analizarse exclusivamente a partir del resultado presupuestario final o de la existencia de un remanente de tesorería positivo.
La propia liquidación incorpora tanto el presupuesto del Ayuntamiento como los estados de previsión de gastos e ingresos de La Cala Gestió, EPE y La Cala Serveis, SL, formando estas entidades parte del ámbito económico que debe ser considerado.
Asimismo, el informe de estabilidad establece expresamente que el perímetro de consolidación está constituido por el Ayuntamiento, La Cala Gestió, EPE y La Cala Serveis, SL.
Por ello, la valoración de la situación económico-financiera municipal debe realizarse atendiendo no solamente a determinadas magnitudes positivas, sino también a las incidencias que los propios órganos de control han identificado en la gestión del Ayuntamiento y de sus entidades dependientes.
Segundo. Importante diferencia entre créditos definitivos y obligaciones efectivamente reconocidas
El Informe de Intervención correspondiente a la Cuenta General refleja:
- Presupuesto definitivo: 21.371.442,10 €.
- Obligaciones reconocidas: 16.962.677,37 €.
Esto supone una diferencia de 4.408.764,73 € entre los créditos definitivos disponibles y las obligaciones finalmente reconocidas.
La diferencia es especialmente significativa en el Capítulo 6 — Inversiones reales:
- Crédito definitivo: 6.515.515,88 €.
- Obligaciones reconocidas: 2.592.639,98 €.
- Crédito no convertido en obligación reconocida: 3.922.875,90 €, aproximadamente el 60,2 % del crédito definitivo del capítulo.
Los propios datos de Intervención acreditan estas magnitudes.
Este dato no implica por sí mismo una irregularidad contable —los créditos presupuestarios constituyen autorizaciones máximas de gasto—, pero sí resulta materialmente relevante para valorar el grado real de ejecución del presupuesto, especialmente en materia de inversiones.
La importancia de esta diferencia aumenta si tenemos en cuenta que el presupuesto inicialmente aprobado ascendía a 16.339.087,56 € y durante el ejercicio recibió 5.032.354,54 € en modificaciones de crédito, elevándose hasta los citados 21.371.442,10 €.
Por tanto, resulta necesario conocer qué actuaciones inicialmente presupuestadas no llegaron a ejecutarse y qué créditos incorporados o incrementados mediante modificaciones presupuestarias tampoco terminaron materializándose.
Tercero. El resultado presupuestario positivo debe interpretarse juntamente con otras magnitudes
La liquidación arroja:
Resultado presupuestario ajustado: +801.435,72 €.
Y:
Remanente de tesorería para gastos generales ajustado: +563.734,99 €.
Sin embargo, el mismo Informe de Intervención establece otras circunstancias relevantes, entre ellas un período medio de pago global de 70,20 días, superior al plazo de 30 días, razón por la cual Intervención señala expresamente la necesidad de actualizar el Plan de Tesorería incorporando medidas de saneamiento y gestión.
Además, a 31 de diciembre figuran:
- Derechos pendientes de cobro: 7.560.878,26 €.
- Obligaciones pendientes de pago: 6.115.013,13 €.
Consecuentemente, la existencia de un resultado presupuestario positivo no puede utilizarse aisladamente como indicador suficiente de una gestión económico-presupuestaria satisfactoria.
Cuarto. Incumplimiento de la regla de gasto
Esta circunstancia reviste especial importancia.
El Informe de Intervención concluye expresamente:
«Incompliment de la regla de la despesa a nivell consolidat».
El mismo informe señala que, ante el incumplimiento de las reglas fiscales en la liquidación, procede que el Pleno apruebe un Plan Económico-Financiero, en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012.
El informe específico sobre estabilidad presupuestaria recuerda igualmente que, cuando la evaluación de la estabilidad presupuestaria o de la regla de gasto arroja incumplimiento, la entidad local debe formular un Plan Económico-Financiero que permita recuperar el cumplimiento durante el año en curso y el siguiente.
Nos encontramos, por tanto, ante una circunstancia expresamente constatada por la propia Intervención municipal y que debe formar parte de cualquier valoración completa de la Cuenta General de 2025.
Quinto. Graves deficiencias en materia de contratación puestas de manifiesto por Intervención
El Informe anual 2025 de control financiero incorpora constataciones particularmente relevantes.
Respecto de la programación de la contratación pública, señala expresamente:
«La corporació no ha complert amb aquest tràmit».
Pero el informe va considerablemente más allá.
Después de analizar las facturas del ejercicio 2025, Intervención manifiesta que una mayoría de las facturas no dispone de contrato en vigor, tratándose de facturas correspondientes a prestaciones sucesivas que, en numerosos casos, ya venían prestándose anteriormente sin que se hubiera producido licitación.
También señala que determinadas obligaciones podrían haberse tramitado mediante contratos menores, pero carecen del correspondiente expediente de contratación y de la documentación necesaria.
No estamos, por tanto, ante una valoración efectuada por quien formula esta alegación, sino ante una circunstancia documentada por la propia Intervención General del Ayuntamiento.
Sexto. Existencia reiterada de expedientes con omisión de la función interventora
La situación anterior tiene una manifestación adicional especialmente relevante.
El mismo Informe anual de control financiero recoge durante 2025 numerosos informes de fiscalización con omisión de la función interventora, emitidos conforme al artículo 28 del Real Decreto 424/2017.
Intervención identifica entre sus causas:
- Gastos sin justificación de su necesidad ni expediente de contratación.
- Gastos superiores a 5.000 €, IVA excluido, que no tienen consideración de pagos menores.
- Gastos inferiores a 5.000 €, pero periódicos o recurrentes, cuyo importe acumulado supera el límite máximo correspondiente a la contratación menor.
El informe relaciona numerosos expedientes y cantidades a lo largo del ejercicio, entre ellos operaciones por 181.520,65 €, 129.642,74 €, 106.388,47 €, 60.077,94 €, además de otras de menor cuantía.
La reiteración de este tipo de expedientes durante el ejercicio constituye un elemento material que debe incorporarse a la valoración de la regularidad de la gestión económico-presupuestaria correspondiente a 2025.
Séptimo. Las auditorías de las entidades municipales también contienen medidas correctoras
El Informe anual de control financiero incorpora asimismo los resultados de las auditorías realizadas por Abad Saltó Auditors, SLP sobre La Cala Gestió y La Cala Serveis.
En La Cala Gestió, la auditoría recomienda:
- cumplimiento de las obligaciones de publicación del plan anual de contratación;
- análisis de los suministros y servicios correspondientes a necesidades recurrentes y utilización del procedimiento de contratación que garantice publicidad y libre concurrencia;
- elaboración y aprobación de una Relación de Puestos de Trabajo.
Respecto de La Cala Serveis, la auditoría señala, entre otras medidas, el cumplimiento de las obligaciones de publicación del plan anual de contratación y de la publicación trimestral de los contratos menores, además de las recomendaciones relativas a suministros y servicios recurrentes.
Por tanto, las deficiencias relativas a contratación y transparencia contractual no aparecen únicamente en la gestión directa del Ayuntamiento, sino también en las auditorías de cumplimiento de sus entidades dependientes.
Octavo. Existencia de otras incidencias de control interno
El Informe anual de control financiero identifica además otras circunstancias que deben ser consideradas en la evaluación global de la gestión.
Entre ellas, se señala la existencia de complementos de productividad permanentes durante todo el año y por la misma cuantía sin que exista acuerdo plenario que establezca los criterios para su asignación.
Asimismo, el ejercicio comenzó con 66.934,08 € de acreedores por gastos pendientes de aplicar al presupuesto, aunque el propio informe deja constancia de que fueron aplicados presupuestariamente durante 2025 y que el saldo terminó el ejercicio en 0,00 €.
Este último extremo debe reconocerse expresamente: constituye una incidencia procedente de ejercicios anteriores que fue regularizada durante 2025, y no debe presentarse como deuda pendiente al cierre del ejercicio.
CONSIDERACIONES
Del examen conjunto de la documentación aportada a la Cuenta General se desprende una situación bastante más compleja que la que pudiera deducirse de la mera existencia de un resultado presupuestario ajustado positivo.
Coexisten durante el mismo ejercicio:
801.435,72 € de resultado presupuestario ajustado positivo, pero también incumplimiento de la regla de gasto; PMP de 70,20 días; una diferencia de 4,41 millones de euros entre créditos definitivos y obligaciones reconocidas; una ejecución particularmente reducida del Capítulo 6; ausencia de contrato en vigor en una mayoría de las facturas examinadas por Intervención; numerosos expedientes con omisión de la función interventora; y recomendaciones expresas de los auditores sobre contratación y transparencia en las entidades dependientes.
Estas circunstancias no permiten afirmar automáticamente que la Cuenta General sea contablemente incorrecta. De hecho, determinados controles de coherencia contable resultan satisfactorios: por ejemplo, Intervención comprueba la coincidencia entre los 5.469.938,47 € de fondos líquidos reflejados en el remanente de tesorería, el resumen de tesorería y el balance, sin detectar diferencias.
Precisamente por ello, la presente alegación no cuestiona indiscriminadamente la contabilidad, sino que solicita que la aprobación de la Cuenta General refleje adecuadamente las incidencias que los propios órganos de control han acreditado.
POR TODO ELLO, SE SOLICITA
Que se tenga por presentada la presente alegación y, antes de la aprobación definitiva de la Cuenta General del ejercicio 2025:
- Se incorpore expresamente al expediente una valoración de las incidencias señaladas por la Intervención municipal y por las auditorías de La Cala Gestió y La Cala Serveis.
- Se facilite una relación individualizada de los créditos no ejecutados, distinguiendo entre los créditos existentes en el presupuesto inicial y aquellos incorporados o incrementados mediante modificaciones presupuestarias durante 2025.
- En particular, se identifiquen las actuaciones correspondientes a los 3.922.875,90 € del Capítulo 6 que no llegaron a convertirse en obligaciones reconocidas, indicando para cada inversión su crédito inicial, modificaciones, crédito definitivo, obligaciones reconocidas y causa de su falta de ejecución.
- Se incorpore al expediente la relación completa de los expedientes con omisión de la función interventora, indicando concepto del gasto, proveedor, importe, aplicación presupuestaria, causa de la omisión y resolución adoptada.
- Se informe de las medidas adoptadas o previstas para regularizar las prestaciones recurrentes que continúan realizándose sin contrato en vigor, así como del calendario previsto de licitación.
- Se informe del grado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas en las auditorías de La Cala Gestió, EPE y La Cala Serveis, SL, particularmente en materia de contratación, publicidad, libre concurrencia y transparencia.
- Se determine y haga constar expresamente el alcance del incumplimiento de la regla de gasto, así como las actuaciones legalmente procedentes y, en su caso, el correspondiente Plan Económico-Financiero.
- Y, finalmente, que todas estas circunstancias sean expresamente puestas en conocimiento del Pleno antes de adoptar el acuerdo definitivo sobre la Cuenta General de 2025.
ALEGACIÓN N.º 2
Incumplimiento de la regla de gasto y necesidad de que sus consecuencias económico-financieras queden expresamente determinadas antes de la aprobación definitiva de la Cuenta General de 2025
AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE L’AMETLLA DE MAR
En relación con la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2025, y dentro del período de exposición pública, se formula la presente ALEGACIÓN, sobre la base de los siguientes:
HECHOS
Primero. La liquidación de 2025 está sometida nuevamente a las reglas fiscales
El análisis de la Cuenta General de 2025 no puede limitarse al resultado presupuestario o al remanente de tesorería.
La documentación de la propia Intervención municipal analiza específicamente el cumplimiento de las reglas fiscales y, particularmente, los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y regla de gasto.
Además, el análisis se efectúa en términos consolidados, incluyendo dentro del perímetro correspondiente:
- Ayuntamiento de L’Ametlla de Mar.
- Entitat Pública Empresarial La Cala Gestió.
- La Cala Serveis Municipals, SL.
Por tanto, las conclusiones sobre cumplimiento o incumplimiento fiscal afectan a la situación consolidada del sector público municipal y no únicamente al presupuesto administrativo del Ayuntamiento.
Segundo. La propia Intervención municipal constata expresamente el incumplimiento de la regla de gasto
El elemento fundamental de esta alegación no procede de una interpretación externa de las cuentas.
Es la propia Intervención municipal la que concluye expresamente:
«Incompliment de la regla de la despesa a nivell consolidat».
Esta conclusión aparece incorporada a la documentación de control correspondiente a la liquidación del ejercicio 2025.
Estamos, por consiguiente, ante un incumplimiento formalmente constatado por el órgano de control interno municipal, circunstancia que debe quedar claramente identificada en la valoración que preceda a la aprobación definitiva de la Cuenta General.
Tercero. El resultado presupuestario positivo no elimina el incumplimiento de la regla de gasto
La liquidación presenta un:
Resultado presupuestario ajustado: +801.435,72 €.
Asimismo, el estado del remanente de tesorería arroja:
Remanente de tesorería para gastos generales ajustado: +563.734,99 €.
Estas cifras son positivas y así debe reconocerse.
Sin embargo, resultado presupuestario, remanente de tesorería y regla de gasto son magnitudes diferentes.
En consecuencia, la existencia de resultado presupuestario y remanente positivos no desvirtúa la conclusión de Intervención sobre el incumplimiento de la regla de gasto a nivel consolidado.
Presentar únicamente las primeras magnitudes sin contextualizarlas con el incumplimiento fiscal ofrecería una visión incompleta de la situación económico-presupuestaria del ejercicio.
Cuarto. La documentación de Intervención determina las consecuencias derivadas del incumplimiento
El informe específico relativo al cálculo de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera analiza las consecuencias previstas cuando la evaluación de las reglas fiscales arroja incumplimiento.
En particular, la documentación de Intervención remite a la obligación de adoptar las medidas contempladas en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y específicamente a la formulación de un Plan Económico-Financiero cuando concurren los presupuestos legalmente establecidos.
La propia documentación aportada a la liquidación establece que, ante el incumplimiento de las reglas fiscales:
procede que el Pleno apruebe un Plan Económico-Financiero, en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012.
Por tanto, el incumplimiento detectado no constituye una mera observación estadística o contable, sino una circunstancia susceptible de generar actuaciones posteriores de naturaleza económico-financiera.
Quinto. Debe determinarse cuantitativamente el origen del incumplimiento
Para que el Pleno y la ciudadanía puedan valorar adecuadamente la Cuenta General no basta con indicar que se ha producido un incumplimiento.
Debe poder conocerse:
qué gasto computable se ha producido, cuál era el límite aplicable, en qué cuantía se ha superado y qué entidades u operaciones han contribuido a producir dicha desviación.
Esta información resulta particularmente relevante teniendo en cuenta la dimensión alcanzada por el presupuesto municipal durante 2025.
El presupuesto inicialmente aprobado ascendía a:
16.339.087,56 €.
Durante el ejercicio se aprobaron modificaciones presupuestarias por:
5.032.354,54 €.
De manera que los créditos definitivos alcanzaron:
21.371.442,10 €.
Es decir, el volumen presupuestario aumentó durante el ejercicio en aproximadamente un 30,8 % respecto del presupuesto inicialmente aprobado.
Este incremento no demuestra por sí mismo que las modificaciones presupuestarias sean la causa del incumplimiento de la regla de gasto.
Pero sí hace especialmente necesario identificar qué decisiones de gasto y qué componentes del gasto computable explican el incumplimiento finalmente constatado por Intervención.
Sexto. Existe simultáneamente una ejecución presupuestaria muy inferior a los créditos definitivos
La circunstancia resulta especialmente significativa cuando se compara con la ejecución presupuestaria.
Frente a unos créditos definitivos de:
21.371.442,10 €
las obligaciones reconocidas netas ascendieron a:
16.962.677,37 €.
La diferencia asciende, por tanto, a:
4.408.764,73 €.
Como ya se ha puesto de manifiesto en la Alegación n.º 1, la diferencia se concentra particularmente en las inversiones.
En el Capítulo 6 — Inversiones reales:
- Crédito definitivo: 6.515.515,88 €.
- Obligaciones reconocidas: 2.592.639,98 €.
- Diferencia: 3.922.875,90 €.
Por consiguiente, durante el mismo ejercicio concurren dos circunstancias que deben explicarse conjuntamente:
una importante cantidad de crédito presupuestario que finalmente no se ejecuta y, simultáneamente, un incumplimiento de la regla de gasto.
No existe necesariamente contradicción técnica entre ambas magnitudes, dado que la regla de gasto no se calcula simplemente comparando créditos presupuestados y ejecutados.
Precisamente por ello, resulta necesario que el expediente explique de manera comprensible qué partidas y operaciones han determinado el incumplimiento.
Séptimo. El análisis debe realizarse en términos consolidados
Existe otro elemento que merece especial atención.
La conclusión de Intervención habla expresamente de:
«regla de la despesa a nivell consolidat».
Esto significa que para comprender correctamente el incumplimiento debe analizarse la aportación de cada una de las entidades incluidas en el perímetro de consolidación:
Ayuntamiento + La Cala Gestió + La Cala Serveis.
Por ello, resulta necesario disponer de un cuadro que identifique, para cada entidad:
- gasto computable;
- ajustes SEC aplicados;
- transferencias internas eliminadas en consolidación;
- variación respecto del ejercicio anterior;
- aportación individual al gasto consolidado;
- y efecto final sobre el cumplimiento o incumplimiento de la regla de gasto.
Sin esta desagregación resulta difícil determinar dónde se origina materialmente la desviación.
Octavo. El incumplimiento debe ponerse en relación con las demás advertencias de Intervención
El incumplimiento de la regla de gasto no aparece aisladamente dentro de una gestión presupuestaria carente de otras incidencias.
La documentación aportada para 2025 también pone de manifiesto, entre otras cuestiones:
- un período medio de pago global de 70,20 días;
- la existencia reiterada de expedientes con omisión de la función interventora;
- gastos realizados sin expediente de contratación;
- servicios recurrentes prestados sin contrato en vigor;
- ausencia de planificación contractual;
- y recomendaciones de los auditores relativas a contratación, publicidad y libre concurrencia en La Cala Gestió y La Cala Serveis.
Estas circunstancias no deben confundirse jurídicamente con el incumplimiento de la regla de gasto ni puede afirmarse, sin acreditación, que sean su causa.
Pero forman parte del contexto de control económico-financiero del mismo ejercicio y justifican que el incumplimiento fiscal sea objeto de una explicación suficientemente detallada antes de la aprobación definitiva de la Cuenta General.
CONSIDERACIONES
La presente alegación no cuestiona que determinadas magnitudes de la liquidación sean positivas.
El Ayuntamiento termina el ejercicio con resultado presupuestario ajustado positivo y remanente de tesorería para gastos generales positivo.
Lo que se cuestiona es que esas magnitudes puedan valorarse separadamente de otra conclusión igualmente contenida en los informes oficiales:
el Ayuntamiento y sus entidades dependientes incumplen, en términos consolidados, la regla de gasto correspondiente al ejercicio 2025.
Además, concurren simultáneamente:
+801.435,72 € de resultado presupuestario ajustado,
+563.734,99 € de remanente de tesorería para gastos generales ajustado,
+5.032.354,54 € de modificaciones presupuestarias durante el ejercicio,
4.408.764,73 € de diferencia entre créditos definitivos y obligaciones reconocidas,
3.922.875,90 € de diferencia solamente en el Capítulo 6,
y un incumplimiento de la regla de gasto a nivel consolidado constatado por Intervención.
Todas estas magnitudes pueden coexistir técnicamente, pero precisamente por ello requieren una explicación completa.
POR TODO ELLO, SE SOLICITA
Que se tenga por presentada la presente alegación y que, antes de la aprobación definitiva de la Cuenta General de 2025, se incorpore al expediente:
- La cuantificación exacta del límite de la regla de gasto aplicable al ejercicio 2025, el gasto computable finalmente determinado y la cuantía absoluta y porcentual del incumplimiento.
- Un cuadro desagregado por entidades —Ayuntamiento, La Cala Gestió y La Cala Serveis— que permita conocer la contribución de cada una al cálculo consolidado y al incumplimiento finalmente producido.
- La identificación de los principales capítulos, operaciones y ajustes SEC que explican el incremento del gasto computable.
- Una explicación de la posible incidencia que las modificaciones presupuestarias por 5.032.354,54 € hayan tenido sobre la evolución del gasto computable, diferenciando claramente entre modificación de crédito y gasto efectivamente realizado.
- La determinación de las medidas correctoras que deben adoptarse como consecuencia del incumplimiento.
- Que se informe expresamente sobre la procedencia de aprobar un Plan Económico-Financiero conforme al artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, indicando, en su caso, plazo para su elaboración, órgano competente para su aprobación y medidas que previsiblemente deberá contener.
- Que dicho Plan Económico-Financiero, si legalmente resulta exigible, sea sometido al Pleno municipal dentro del plazo correspondiente.
- Y que la documentación relativa al incumplimiento y a las medidas correctoras adoptadas sea objeto de publicidad en el Portal de Transparencia municipal, de manera que pueda conocerse no solamente la existencia del incumplimiento, sino también su cuantía, causas y consecuencias.
ALEGACIÓN N.º 3
Deficiencias reiteradas en la contratación pública, existencia de prestaciones sin contrato en vigor y expedientes con omisión de la función interventora durante el ejercicio 2025
AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE L’AMETLLA DE MAR
En relación con la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2025, y dentro del período de exposición pública, se formula la presente ALEGACIÓN, sobre la base de los siguientes:
HECHOS
Primero. Las deficiencias en materia de contratación no constituyen una apreciación del alegante, sino una constatación de la propia Intervención municipal
El Informe anual 2025 de control financiero elaborado por la Intervención municipal analiza específicamente determinados aspectos de la contratación desarrollada durante el ejercicio.
Las conclusiones alcanzadas resultan especialmente relevantes para valorar la gestión económico-financiera que refleja la Cuenta General.
En primer lugar, respecto de la obligación de programación de la contratación pública, Intervención concluye expresamente:
«La corporació no ha complert amb aquest tràmit».
Por tanto, durante el ejercicio objeto de la Cuenta General se constata ya una primera deficiencia relativa a la planificación contractual.
Segundo. Intervención constata que una mayoría de las facturas examinadas carece de contrato en vigor
La conclusión de mayor relevancia aparece al analizar las facturas del ejercicio.
El Informe anual de control financiero señala expresamente que:
«Una majoria de factures no disposen de contracte en vigor».
La afirmación es particularmente significativa porque no se refiere a una incidencia aislada o a una única contratación.
La propia expresión utilizada por Intervención —«una majoria de factures»— evidencia una situación de carácter general dentro de la muestra o conjunto de facturas objeto de su análisis.
Además, el informe explica que se trata de facturas correspondientes a prestaciones de tracto sucesivo y que, en muchos casos, estos servicios ya se venían prestando con anterioridad sin que se hubiera producido la correspondiente licitación.
Por tanto, la incidencia detectada no puede reducirse a un simple retraso administrativo en la formalización de determinados contratos.
Lo constatado es la existencia de servicios recurrentes que continúan prestándose y facturándose sin disponer del correspondiente contrato en vigor.
Tercero. Existencia de gastos que carecen de expediente de contratación
El informe de Intervención identifica asimismo obligaciones que, por sus características económicas, podrían haberse tramitado mediante contratación menor, pero respecto de las cuales:
no existe el correspondiente expediente de contratación ni consta la documentación exigible.
Esta circunstancia resulta jurídicamente distinta de la anterior.
Por tanto, la documentación municipal permite distinguir, al menos, dos situaciones:
a) prestaciones recurrentes o sucesivas que se continúan realizando sin contrato en vigor;
y
b) determinados gastos que podrían eventualmente haberse tramitado como contratos menores, pero respecto de los cuales tampoco se formalizó el correspondiente expediente.
Ambas circunstancias evidencian deficiencias relevantes en la gestión contractual del ejercicio.
Cuarto. La situación se refleja también en numerosos expedientes de omisión de la función interventora
Las deficiencias anteriores tienen una manifestación especialmente relevante en los expedientes tramitados durante 2025 con omisión de la función interventora.
El Informe anual de control financiero recoge numerosos informes emitidos conforme al artículo 28 del Real Decreto 424/2017, regulador del régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.
La Intervención identifica entre las causas de estas omisiones:
1. Gastos sin justificación de su necesidad y sin expediente de contratación.
2. Gastos superiores a 5.000 euros, IVA excluido, que no tienen la consideración de pagos menores.
3. Gastos inferiores a 5.000 euros pero de carácter periódico o recurrente cuyo importe acumulado supera los límites máximos correspondientes a la contratación menor.
Nos encontramos, por tanto, ante situaciones diferentes pero relacionadas que convergen en una misma problemática: la realización de gasto municipal sin que el procedimiento contractual y/o de control previo se haya desarrollado ordinariamente antes de contraer la obligación.
Quinto. Las omisiones no son meramente testimoniales desde el punto de vista económico
La relación incorporada por Intervención incluye expedientes de cuantías relevantes.
Entre las cantidades identificadas en el informe aparecen, entre otras:
- 181.520,65 €
- 129.642,74 €
- 106.388,47 €
- 60.077,94 €
además de numerosos expedientes de menor cuantía.
La relevancia de estas cifras aconseja que la Cuenta General permita conocer qué bienes, servicios o prestaciones corresponden a cada importe, quién fue el proveedor, durante cuánto tiempo se prestó el servicio sin cobertura contractual adecuada y qué resolución permitió finalmente reconocer y pagar las obligaciones correspondientes.
Debe precisarse, no obstante, que la mera existencia de un expediente de omisión de la función interventora no permite concluir automáticamente la nulidad del gasto ni que se haya producido un perjuicio económico para el Ayuntamiento.
Lo que sí acredita es que el gasto llegó a la fase de control sin haberse sometido previamente a la función interventora cuando ésta resultaba preceptiva, obligando a utilizar el procedimiento excepcional previsto para estas situaciones.
Y precisamente la reiteración de dicho mecanismo durante un mismo ejercicio es lo que merece explicación.
Sexto. La contratación menor no puede convertirse en mecanismo ordinario para atender necesidades recurrentes
La documentación de Intervención pone especial atención en los gastos periódicos o recurrentes.
La cuestión es particularmente relevante porque una necesidad municipal que se repite de forma previsible en el tiempo debe ser objeto de la correspondiente planificación contractual.
La acumulación de sucesivos gastos menores para atender una misma necesidad recurrente puede impedir que la contratación se someta a procedimientos que garanticen adecuadamente los principios de:
- publicidad;
- concurrencia;
- transparencia;
- igualdad de trato;
- eficiencia en la utilización de fondos públicos.
Por ello, la identificación que realiza Intervención de gastos recurrentes cuyo importe acumulado supera los límites correspondientes a la contratación menor constituye una circunstancia que requiere una respuesta correctora estructural, y no solamente la regularización contable de cada factura.
Séptimo. Las auditorías de La Cala Gestió detectan igualmente la necesidad de mejorar la contratación
El problema no queda circunscrito exclusivamente a la contratación directa del Ayuntamiento.
La auditoría de cumplimiento de La Cala Gestió, EPE contiene recomendaciones específicas relativas a contratación.
Entre ellas:
- cumplimiento de las obligaciones de publicación del Plan Anual de Contratación;
- análisis de los suministros y servicios que corresponden a necesidades recurrentes;
- utilización del procedimiento de contratación adecuado;
- garantía de los principios de publicidad y libre concurrencia.
La coincidencia entre estas recomendaciones y las observaciones efectuadas por la Intervención respecto del Ayuntamiento resulta significativa.
En ambos casos aparece una problemática relacionada con la planificación de necesidades recurrentes y su sometimiento al procedimiento contractual correspondiente.
Octavo. Las auditorías de La Cala Serveis contienen advertencias similares
La auditoría correspondiente a La Cala Serveis Municipals, SL contiene igualmente recomendaciones relativas a contratación y transparencia.
Entre ellas se encuentran:
- publicación del Plan Anual de Contratación;
- cumplimiento de las obligaciones relativas a la publicación trimestral de contratos menores;
- análisis de suministros y servicios recurrentes;
- utilización de procedimientos que garanticen publicidad y libre concurrencia.
Por tanto, la necesidad de mejorar la planificación, contratación y transparencia aparece constatada documentalmente en los tres ámbitos principales del sector público municipal analizados:
Ayuntamiento de L’Ametlla de Mar — La Cala Gestió — La Cala Serveis.
Noveno. Existe, por tanto, una problemática transversal que merece una respuesta conjunta
De la documentación de control correspondiente a 2025 aparecen simultáneamente:
Ayuntamiento
Facturas sin contrato en vigor.
Prestaciones recurrentes sin licitación.
Gastos sin expediente de contratación.
Gastos recurrentes que acumuladamente superan los límites de la contratación menor.
Numerosos expedientes con omisión de la función interventora.
Falta de cumplimiento de determinadas obligaciones de planificación contractual.
La Cala Gestió
Recomendaciones relativas al Plan Anual de Contratación.
Necesidad de regularizar contractualmente suministros y servicios recurrentes.
Necesidad de garantizar publicidad y libre concurrencia.
La Cala Serveis
Recomendaciones relativas al Plan Anual de Contratación.
Observaciones sobre publicidad de contratos menores.
Necesidad de regularizar suministros y servicios recurrentes.
Publicidad y libre concurrencia.
No parece razonable considerar estas circunstancias de forma completamente independiente.
La reiteración de observaciones similares en Ayuntamiento y entidades dependientes permite apreciar, como mínimo, una debilidad transversal en la planificación y gestión contractual del sector público municipal durante el ejercicio analizado.
CONSIDERACIONES
La Cuenta General tiene naturaleza fundamentalmente económico-contable y su aprobación no supone necesariamente la convalidación jurídica individual de cada expediente de gasto.
Pero precisamente porque permite examinar cómo se han gestionado los recursos públicos durante el ejercicio, las incidencias detectadas por Intervención y por los auditores no deberían quedar reducidas a observaciones dispersas dentro de diferentes informes técnicos.
Existe una diferencia sustancial entre:
una incidencia contractual puntual
y
la constatación de que una mayoría de las facturas examinadas no dispone de contrato en vigor, acompañada de numerosos expedientes con omisión de función interventora y de advertencias semejantes en las dos entidades dependientes.
La segunda situación merece una explicación global y un programa concreto de regularización.
Especialmente porque la finalidad no debe limitarse a determinar cómo pagar obligaciones ya contraídas.
Debe evitarse que durante 2026 y ejercicios posteriores las mismas necesidades recurrentes vuelvan a generar facturas sin contrato y nuevos expedientes de omisión de la función interventora.
POR TODO ELLO, SE SOLICITA
Que se tenga por presentada la presente alegación y, antes de la aprobación definitiva de la Cuenta General de 2025:
- Se incorpore al expediente una relación completa de las facturas de 2025 correspondientes a prestaciones sin contrato en vigor, indicando proveedor, concepto, importe, aplicación presupuestaria y contrato o expediente al que deberían haber estado vinculadas.
- Se diferencien específicamente las prestaciones periódicas o recurrentes, indicando desde qué ejercicio se vienen prestando sin contrato en vigor y su importe acumulado durante 2025.
- Se facilite la relación completa de expedientes con omisión de la función interventora, indicando número de expediente, proveedor, objeto, importe y causa concreta de la omisión.
- Se determine el importe agregado total correspondiente a obligaciones tramitadas durante 2025 mediante expedientes de omisión de la función interventora, evitando que el análisis quede reducido a una relación fragmentada de expedientes.
- Se identifiquen aquellos proveedores respecto de los cuales existan varias facturas correspondientes a una misma necesidad recurrente, indicando su importe anual acumulado.
- Se informe sobre qué prestaciones que durante 2025 se encontraban sin contrato han sido ya regularizadas mediante licitación, cuáles se encuentran actualmente en procedimiento de contratación y cuáles continúan pendientes.
- Se incorpore un plan o calendario de regularización contractual, priorizando las prestaciones recurrentes y las de mayor importe económico.
- Se informe sobre las actuaciones adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas por los auditores respecto de La Cala Gestió y La Cala Serveis, especialmente en materia de planificación contractual, contratos menores, publicidad, transparencia y libre concurrencia.
- Se publiquen en el Portal de Transparencia, en los términos legalmente exigibles, los instrumentos de planificación contractual y la información correspondiente a contratación menor de las entidades municipales.
- Y que el resultado de estas actuaciones sea expresamente puesto en conocimiento del Pleno municipal, a fin de que la aprobación definitiva de la Cuenta General se produzca con conocimiento suficiente de la dimensión económica y administrativa de las incidencias detectadas.
ALEGACIÓN N.º 4
Elevada inejecución del presupuesto de 2025, especialmente en inversiones, y necesidad de identificar los créditos iniciales y las modificaciones presupuestarias que no llegaron a materializarse
AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE L’AMETLLA DE MAR
En relación con la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2025, y dentro del período de exposición pública, se formula la presente ALEGACIÓN, sobre la base de los siguientes:
HECHOS
Primero. El presupuesto definitivo de gastos aumentó sustancialmente durante 2025
La documentación de liquidación permite distinguir tres magnitudes fundamentales:
- Presupuesto inicial de gastos: 16.339.087,56 €
- Modificaciones presupuestarias: 5.032.354,54 €
- Créditos definitivos: 21.371.442,10 €
Por tanto, durante 2025 el presupuesto aumentó en 5.032.354,54 €, aproximadamente un 30,8 % respecto del presupuesto inicialmente aprobado.
La aprobación de modificaciones presupuestarias es un instrumento ordinario y legal de gestión presupuestaria y su mera existencia no constituye irregularidad alguna.
Sin embargo, cuando las modificaciones alcanzan una cuantía superior a cinco millones de euros, resulta necesario analizar si los créditos incorporados durante el ejercicio llegaron posteriormente a convertirse en gasto efectivamente ejecutado.
Segundo. Una parte muy significativa del presupuesto definitivo no llegó a ejecutarse
Frente a unos créditos definitivos de:
21.371.442,10 €
las obligaciones reconocidas netas ascendieron a:
16.962.677,37 €.
Por tanto, quedaron créditos sin convertirse en obligaciones reconocidas por:
4.408.764,73 €
Esto supone aproximadamente el 20,6 % de los créditos definitivos.
Dicho de otra manera, la ejecución global del presupuesto de gastos se situó aproximadamente en el 79,4 %.
Una ejecución de este nivel no acredita por sí sola una irregularidad contable.
Pero la cifra adquiere relevancia a efectos de la Cuenta General porque significa que más de cuatro millones de euros de gasto autorizado presupuestariamente no llegaron a materializarse durante el ejercicio.
Tercero. La inejecución se concentra extraordinariamente en las inversiones
La circunstancia más relevante aparece en el:
Capítulo 6 — Inversiones reales
Los datos de la liquidación son:
| Concepto | Importe |
| Créditos definitivos | 6.515.515,88 € |
| Obligaciones reconocidas netas | 2.592.639,98 € |
| Crédito no ejecutado | 3.922.875,90 € |
| Ejecución aproximada | 39,8 % |
| Inejecución aproximada | 60,2 % |
Por tanto, casi dos terceras partes de los créditos definitivos destinados a inversiones no llegaron a convertirse en obligaciones reconocidas durante 2025.
Además, los 3.922.875,90 € no ejecutados en inversiones representan aproximadamente el 89 % de toda la inejecución presupuestaria del ejercicio.
Esta concentración permite afirmar que el principal problema de ejecución presupuestaria de 2025 se encuentra en el Capítulo 6.
Cuarto. Deben diferenciarse dos categorías completamente distintas de crédito no ejecutado
Para valorar correctamente esta situación no basta con conocer el importe global.
Resulta imprescindible distinguir los dos grupos que aparecen al comparar presupuesto inicial, modificaciones y ejecución:
A) Créditos que ya estaban previstos en el presupuesto inicial pero no llegaron a ejecutarse
Son actuaciones que formaban parte del presupuesto aprobado al comienzo del ejercicio y respecto de las cuales finalmente no se reconocieron obligaciones por la totalidad del crédito disponible.
Este grupo resulta relevante porque permite determinar qué compromisos, proyectos o actuaciones previstos desde el comienzo del ejercicio no llegaron a materializarse.
B) Créditos incorporados o incrementados durante 2025 mediante modificaciones presupuestarias que tampoco llegaron a ejecutarse
Este segundo grupo merece una atención específica.
Se trata de créditos que no estaban inicialmente presupuestados en esa cuantía, sino que fueron incorporados, suplementados o incrementados durante el propio ejercicio mediante modificaciones presupuestarias.
Si posteriormente dichos créditos tampoco se ejecutaron, resulta razonable conocer:
por qué fue necesario modificar el presupuesto para habilitar o incrementar esos recursos y por qué, después de hacerlo, la actuación finalmente no se materializó durante 2025.
No debe confundirse esta situación con una irregularidad.
Puede responder, entre otras razones, a proyectos plurianuales, retrasos administrativos, contratación no finalizada, subvenciones afectadas, incorporación de remanentes o actuaciones cuya ejecución continúa en ejercicios posteriores.
Pero precisamente por ello la causa debe identificarse individualmente.
Quinto. Las modificaciones presupuestarias deben analizarse conjuntamente con su ejecución posterior
Los 5.032.354,54 € de modificaciones presupuestarias representan una alteración material del presupuesto inicialmente aprobado.
La liquidación permite conocer el resultado final agregado, pero para efectuar un adecuado control político y ciudadano resulta necesario reconstruir la secuencia:
crédito inicial → modificación → crédito definitivo → gasto comprometido → obligación reconocida → saldo no ejecutado.
Esta trazabilidad es especialmente importante en las inversiones.
No resulta equivalente que una inversión:
- estuviera presupuestada desde enero y no se realizara;
a que:
- no estuviera prevista inicialmente;
- durante el ejercicio se habilitara expresamente crédito para realizarla;
- y finalmente tampoco llegara a ejecutarse.
Desde el punto de vista contable ambas pueden terminar mostrando crédito disponible sin obligación reconocida.
Desde el punto de vista de la gestión presupuestaria, sin embargo, son situaciones diferentes.
Sexto. La aprobación de una modificación presupuestaria presupone una necesidad de gasto que debe poder explicarse posteriormente
Las modificaciones presupuestarias tienen una finalidad concreta.
Cuando se aprueba un suplemento, crédito extraordinario, incorporación u otra modalidad de modificación, existe una causa y una necesidad presupuestaria que justifican la alteración del presupuesto aprobado.
Por ello, cuando una modificación presupuestaria relevante termina el ejercicio con una ejecución muy reducida o nula, resulta razonable que la liquidación permita conocer:
- objeto de la modificación;
- importe;
- fuente de financiación;
- actuación financiada;
- ejecución alcanzada;
- causa de la inejecución;
- y situación de la actuación a 31 de diciembre.
Especialmente cuando el conjunto de modificaciones supera los 5 millones de euros.
Séptimo. Debe distinguirse entre inejecución real y actuaciones que continúan en ejercicios posteriores
Existe una cautela importante.
No todo crédito que aparece sin obligación reconocida a 31 de diciembre puede calificarse automáticamente como una actuación abandonada.
Parte de los créditos puede encontrarse vinculada a:
- gastos comprometidos pendientes de reconocimiento;
- proyectos plurianuales;
- financiación afectada;
- incorporaciones de remanentes;
- procedimientos de contratación iniciados pero no finalizados;
- obras en ejecución;
- o actuaciones que continúan durante 2026.
Por ello, la presente alegación no sostiene que los 4.408.764,73 € correspondan íntegramente a proyectos abandonados.
Lo que solicita es precisamente su desagregación y clasificación para conocer qué parte constituye verdadera inejecución y qué parte corresponde a actuaciones cuya ejecución continúa.
Octavo. La cifra de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto requiere una lectura diferenciada
La documentación de control financiero refleja asimismo que el ejercicio comenzó con:
66.934,08 € de acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto.
Sin embargo, Intervención deja constancia de que dichas operaciones fueron aplicadas presupuestariamente durante 2025 y que el saldo terminó el ejercicio en:
0,00 €.
Esta circunstancia debe valorarse positivamente y no debe presentarse como una obligación pendiente al cierre de 2025.
Pero constituye un buen ejemplo de la importancia de diferenciar correctamente entre:
crédito no ejecutado, gasto comprometido, obligación reconocida y gasto pendiente de aplicación presupuestaria.
Noveno. El grado de ejecución de las inversiones constituye información material para valorar la gestión presupuestaria
El presupuesto no constituye únicamente un documento contable.
También expresa las actuaciones que el Ayuntamiento prevé realizar y los recursos públicos asignados a ellas.
Cuando el presupuesto definitivo destina:
6.515.515,88 € a inversiones
y al finalizar el ejercicio únicamente se han reconocido obligaciones por:
2.592.639,98 €,
la diferencia de:
3.922.875,90 €
requiere una explicación suficientemente detallada.
Especialmente porque las inversiones suelen corresponder a actuaciones con impacto directo sobre servicios, infraestructuras, equipamientos y necesidades municipales.
CONSIDERACIONES
La presente alegación no cuestiona la legalidad de las modificaciones presupuestarias ni sostiene que todo crédito no ejecutado constituya una irregularidad.
La cuestión es otra.
Durante 2025:
el presupuesto aumenta en 5,03 millones de euros mediante modificaciones y, al finalizar el ejercicio, existen 4,41 millones de euros de créditos definitivos que no se han convertido en obligaciones reconocidas.
Además, 3,92 millones corresponden solamente al Capítulo 6 de inversiones.
Por ello, el análisis de la Cuenta General debería permitir responder a cuatro preguntas elementales:
¿Qué estaba previsto hacer?
¿Qué se añadió o incrementó posteriormente mediante modificaciones presupuestarias?
¿Qué se ejecutó realmente?
¿Qué no se ejecutó y por qué?
Sin esa trazabilidad, el dato agregado de ejecución presupuestaria resulta insuficiente para valorar la gestión desarrollada durante el ejercicio.
POR TODO ELLO, SE SOLICITA
Que se tenga por presentada la presente alegación y, antes de la aprobación definitiva de la Cuenta General de 2025:
- Se incorpore al expediente una relación por aplicaciones presupuestarias de los 4.408.764,73 € de créditos definitivos que no se convirtieron en obligaciones reconocidas, indicando crédito inicial, modificaciones, crédito definitivo y obligaciones reconocidas.
- Dentro de dicha relación se diferencien expresamente:
a) créditos existentes en el presupuesto inicial que quedaron total o parcialmente sin ejecutar;
b) créditos incorporados o incrementados mediante modificaciones presupuestarias durante 2025 que posteriormente quedaron total o parcialmente sin ejecutar.
- Se facilite una relación específica de los 3.922.875,90 € no ejecutados del Capítulo 6 — Inversiones reales, identificando cada proyecto o actuación.
- Para cada inversión se indique:
crédito inicial → modificaciones → crédito definitivo → gasto comprometido → obligaciones reconocidas → saldo pendiente → porcentaje de ejecución.
- Se identifique la modalidad de modificación presupuestaria utilizada en cada una de las inversiones cuyo crédito fue incorporado o incrementado durante el ejercicio, así como su fuente de financiación.
- Se explique individualmente la causa de la falta de ejecución de las inversiones más relevantes, distinguiendo entre proyectos abandonados, retrasados, en contratación, en ejecución, plurianuales o trasladados a ejercicios posteriores.
- Se identifiquen los créditos financiados mediante subvenciones o ingresos afectados que no llegaron a ejecutarse, indicando si existe riesgo de pérdida, reintegro, reducción o necesidad de reprogramación de la financiación obtenida.
- Se determine qué créditos no ejecutados han sido incorporados al presupuesto de 2026, indicando su importe y proyecto correspondiente.
- Se informe de los proyectos cuya contratación se inició durante 2025 pero cuya ejecución presupuestaria se ha desplazado a 2026.
- Y que este análisis sea puesto expresamente a disposición del Pleno municipal antes de la aprobación definitiva de la Cuenta General, permitiendo conocer el grado real de ejecución de las actuaciones presupuestadas.
ALEGACIÓN N.º 5
INCUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO CONSTATADO POR INTERVENCIÓN Y EFECTO DE LA VENTA DE LA RESIDENCIA DE ANCIANOS EN EL CÁLCULO CONSOLIDADO
AL AYUNTAMIENTO DE L’AMETLLA DE MAR
Examinada la documentación integrante de la Cuenta General y de la liquidación presupuestaria correspondiente al ejercicio 2025, se formula la presente alegación en relación con el incumplimiento de la regla de gasto expresamente constatado por la Intervención municipal a nivel consolidado.
PRIMERO. El incumplimiento de la regla de gasto es una conclusión expresa de Intervención
Debe dejarse claramente establecido que el incumplimiento de la regla de gasto no constituye una interpretación ni una conclusión de los alegantes.
Consta expresamente en el documento:
«Informe de control permanent del càlcul d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 2025», de fecha 13 de marzo de 2026, emitido por la Intervención municipal.
En su apartado SETÈ. Compliment de la Regla de la Despesa, página 10 del informe, Intervención concluye:
«A nivell consolidat no es compleix amb la regla de la despesa.»
Por tanto, es el propio órgano de control interno municipal quien determina, después de efectuar los correspondientes cálculos, que la regla de gasto no se cumple a nivel consolidado en el ejercicio 2025.
SEGUNDO. Intervención identifica expresamente la causa del incumplimiento
Esta cuestión resulta particularmente importante para interpretar correctamente el resultado.
El propio informe de Intervención no se limita a señalar que existe incumplimiento, sino que identifica expresamente la circunstancia que lo provoca.
En la página 13, apartado DESÈ. Conclusions, señala:
«En el cas de la regla de la despesa i a nivell consolidat el resultat és de incompliment, fet provocat per la variació d’actius de l’immobilitzat per la venda de la Residència d’avis.»
Es decir, según la propia Intervención municipal:
el resultado de incumplimiento de la regla de gasto a nivel consolidado viene provocado por la variación de activos del inmovilizado derivada de la venta de la Residencia de ancianos.
Esta precisión resulta esencial.
Por ello, la presente alegación no atribuye el incumplimiento genéricamente a un exceso ordinario de gasto municipal, sino que parte de la explicación específica contenida en el informe de Intervención.
TERCERO. La operación afecta al cálculo consolidado del sector público municipal
El informe efectúa el análisis de las reglas fiscales en términos consolidados, integrando las entidades comprendidas en el correspondiente perímetro municipal.
En este cálculo tiene especial relevancia La Cala Gestió, entidad vinculada a la operación de la Residencia.
La documentación de Intervención incorpora dentro del cálculo correspondiente a esta entidad una importante variación relacionada con el inmovilizado, que posteriormente el propio órgano interventor identifica en sus conclusiones como la causa del incumplimiento consolidado de la regla de gasto.
Por consiguiente, resulta necesario que el expediente permita comprender claramente cómo la operación de venta de la Residencia se traslada al cálculo de la regla de gasto y cuál es su efecto cuantitativo concreto.
CUARTO. Debe diferenciarse entre el resultado técnico de la regla de gasto y la gestión ordinaria del presupuesto
La explicación de Intervención obliga a realizar esta distinción.
Si el incumplimiento consolidado viene provocado, según el propio informe, por la variación de activos del inmovilizado derivada de la venta de la Residencia de ancianos, no sería correcto presentar el resultado como prueba, por sí solo, de que el Ayuntamiento haya excedido indiscriminadamente su gasto ordinario durante 2025.
Pero tampoco puede ignorarse el resultado.
Existe formalmente un incumplimiento de la regla de gasto, determinado por Intervención, y la Cuenta General debe permitir conocer tanto su dimensión como las consecuencias que legalmente puedan derivarse del mismo.
Por ello, deben diferenciarse claramente:
a) el comportamiento ordinario del gasto municipal;
b) el efecto extraordinario derivado de la operación patrimonial de la Residencia;
y
c) el resultado consolidado final obtenido conforme a las reglas fiscales.
QUINTO. Debe explicarse cuantitativamente el efecto de la venta de la Residencia
La conclusión de Intervención identifica la causa, pero para garantizar la adecuada comprensión de las cuentas resulta necesario que pueda reconstruirse cuantitativamente el cálculo.
En particular, debe poder conocerse:
- cuál era el límite de la regla de gasto aplicable en 2025;
- cuál fue el gasto computable antes de los ajustes;
- qué ajustes se practicaron al Ayuntamiento y a cada una de sus entidades dependientes;
- cuál fue exactamente la variación de activos del inmovilizado correspondiente a La Cala Gestió;
- cómo se relaciona dicha variación con la venta de la Residencia de ancianos;
- cuál fue el efecto concreto de esta operación sobre el gasto computable consolidado;
- y cuál habría sido el resultado de la regla de gasto sin dicho efecto extraordinario, a efectos meramente explicativos.
Esta última información resulta especialmente relevante para que el Pleno pueda distinguir entre un eventual problema estructural de crecimiento del gasto y un incumplimiento provocado por una operación patrimonial extraordinaria, tal como señala la propia Intervención.
SEXTO. Deben determinarse las consecuencias del incumplimiento
El propio informe de Intervención analiza las consecuencias previstas por la normativa de estabilidad presupuestaria cuando se produce incumplimiento de las reglas fiscales y hace referencia a la formulación del correspondiente Plan Económico-Financiero, conforme a la Ley Orgánica 2/2012.
En consecuencia, no basta con incorporar a la documentación una conclusión que diga que la regla de gasto se incumple.
Debe quedar claramente determinado qué consecuencia jurídica y presupuestaria produce ese incumplimiento concreto, teniendo especialmente en cuenta que, según Intervención, deriva de la operación patrimonial de la Residencia.
Resulta por ello necesario conocer si el Ayuntamiento debe formular efectivamente un Plan Económico-Financiero, en qué plazo, con qué contenido y qué incidencia puede tener sobre la planificación presupuestaria municipal.
CONSIDERACIONES
La presente alegación parte estrictamente de las conclusiones formuladas por la Intervención municipal.
De ellas resultan dos hechos que deben analizarse conjuntamente:
1. Intervención determina que a nivel consolidado no se cumple la regla de gasto.
2. La propia Intervención atribuye dicho incumplimiento a la variación de activos del inmovilizado provocada por la venta de la Residencia de ancianos.
Esta segunda conclusión modifica sustancialmente la interpretación del resultado.
Por ello, no se pretende utilizar el incumplimiento como una imputación genérica de mala gestión presupuestaria, sino exigir que una operación patrimonial de esta importancia y su incidencia sobre las reglas fiscales queden perfectamente explicadas, cuantificadas y sometidas al conocimiento del Pleno.
SOLICITA
Que se tenga por presentada la presente alegación y, antes de la aprobación definitiva de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2025:
1. Se haga constar expresamente que el Informe de control permanente del cálculo de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 2025, emitido por Intervención, concluye que a nivel consolidado no se cumple la regla de gasto.
2. Se haga constar igualmente que la propia Intervención atribuye dicho resultado a «la variació d’actius de l’immobilitzat per la venda de la Residència d’avis».
3. Se facilite el cálculo completo de la regla de gasto, indicando el límite aplicable, gasto computable, ajustes realizados y cuantía exacta del incumplimiento.
4. Se detalle separadamente la incidencia del Ayuntamiento, La Cala Gestió y La Cala Serveis Municipals en el cálculo consolidado.
5. Se cuantifique específicamente el ajuste o variación de inmovilizado relacionado con la venta de la Residencia de ancianos y se explique cómo dicho importe determina el resultado final de incumplimiento.
6. Se facilite, a efectos explicativos, el cálculo que permita conocer cuál habría sido el resultado de la regla de gasto sin el efecto extraordinario derivado de dicha operación patrimonial, siempre que técnicamente resulte posible efectuar dicha comparación.
7. Se determine expresamente cuáles son las consecuencias jurídicas y económico-financieras derivadas del incumplimiento constatado.
8. Se informe de si resulta preceptiva la elaboración y aprobación de un Plan Económico-Financiero, indicando, en caso afirmativo, plazo, órgano competente, contenido y efectos previstos.
9. Que toda esta información sea puesta expresamente a disposición del Pleno municipal antes de la aprobación definitiva de la Cuenta General de 2025, permitiendo conocer no sólo que existe un incumplimiento, sino su causa, cuantificación y consecuencias.
Referencia documental de la alegación
ECO-CG2025-01 — Informe de control permanent del càlcul d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 2025, Intervención municipal, 13/03/2026.
Página 10: conclusión de incumplimiento de la regla de gasto a nivel consolidado.
Página 13: Intervención identifica como causa la variación de activos del inmovilizado por la venta de la Residencia de ancianos.
ALEGACIÓN N.º 6
DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO, TRANSPARENCIA Y SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS POR INTERVENCIÓN Y POR LAS AUDITORÍAS DE LA CALA GESTIÓ Y LA CALA SERVEIS
AL AYUNTAMIENTO DE L’AMETLLA DE MAR
Examinada conjuntamente la documentación integrante de la Cuenta General de 2025, el Informe anual de control financiero, el Informe de Intervención sobre la Cuenta General y los informes de auditoría correspondientes a La Cala Gestió y La Cala Serveis Municipals, se formula la presente alegación respecto de las deficiencias y recomendaciones que los propios órganos de control ponen de manifiesto.
La presente alegación no pretende reiterar las cuestiones específicamente desarrolladas en las alegaciones anteriores, sino determinar qué medidas correctoras se han adoptado o deben adoptarse como consecuencia de las incidencias detectadas durante el ejercicio 2025.
PRIMERO. Los informes de control ponen de manifiesto deficiencias que exceden de incidencias aisladas
La documentación aportada permite identificar diferentes incidencias en ámbitos esenciales de la gestión municipal:
- contratación pública;
- planificación contractual;
- control previo del gasto;
- transparencia;
- gestión de prestaciones recurrentes;
- gestión de personal;
- control de las entidades dependientes;
- e información económico-patrimonial.
Algunas de estas cuestiones han sido desarrolladas específicamente en las alegaciones anteriores.
Sin embargo, consideradas conjuntamente, muestran la necesidad de disponer de un sistema de seguimiento de las recomendaciones y medidas correctoras derivadas de los informes de control.
SEGUNDO. El Informe anual de control financiero identifica deficiencias relevantes en contratación
El Informe anual 2025 de control financiero de la Intervención municipal constata que la Corporación no cumplió con la obligación de programación anticipada de su contratación.
Más relevante todavía, el propio informe señala que una mayoría de las facturas analizadas no disponía de contrato en vigor, existiendo prestaciones sucesivas que ya venían realizándose anteriormente sin la correspondiente licitación.
Intervención identifica asimismo obligaciones que podían haber sido objeto de contratación menor pero que carecían del correspondiente expediente y documentación, así como numerosos supuestos de omisión de la función interventora.
Estas circunstancias han sido desarrolladas específicamente en la Alegación n.º 3.
Lo relevante para la presente alegación es determinar qué medidas estructurales se han adoptado posteriormente para evitar su reiteración.
TERCERO. Las auditorías de La Cala Gestió contienen recomendaciones expresas de mejora
La auditoría de cumplimiento correspondiente a La Cala Gestió formula recomendaciones que afectan a aspectos relevantes de su funcionamiento.
Entre ellas se encuentran:
- cumplimiento de las obligaciones relativas a la publicación del Plan Anual de Contratación;
- análisis de los suministros y servicios correspondientes a necesidades recurrentes;
- utilización de procedimientos de contratación que garanticen adecuadamente la publicidad y libre concurrencia;
- y elaboración y aprobación de una adecuada Relación de Puestos de Trabajo.
No estamos, por tanto, ante observaciones formuladas externamente por los alegantes, sino ante recomendaciones derivadas del propio sistema de auditoría y control de la entidad municipal.
CUARTO. La Cala Serveis presenta igualmente recomendaciones en contratación y transparencia
La auditoría correspondiente a La Cala Serveis Municipals formula también recomendaciones relativas a:
- publicación del Plan Anual de Contratación;
- publicación de la información correspondiente a los contratos menores;
- tratamiento contractual adecuado de suministros y servicios recurrentes;
- y utilización de procedimientos que garanticen los principios de publicidad y libre concurrencia.
Existe, por tanto, una coincidencia significativa entre las observaciones efectuadas respecto del Ayuntamiento y las recomendaciones formuladas respecto de sus entidades dependientes.
Esta reiteración justifica que las medidas correctoras no se aborden exclusivamente expediente por expediente, sino también desde una perspectiva global del sector público municipal.
QUINTO. Debe garantizarse el seguimiento efectivo de las recomendaciones de los órganos de control
La finalidad de los informes de control y auditoría no debería agotarse con su incorporación formal a la Cuenta General.
Cuando Intervención o los auditores detectan deficiencias y formulan recomendaciones, debe existir posteriormente una trazabilidad suficiente de las actuaciones realizadas para corregirlas.
Por ello, resulta necesario conocer, para cada recomendación:
deficiencia detectada → órgano que la detecta → medida correctora propuesta → responsable de ejecutarla → plazo → situación actual.
Sin este seguimiento existe el riesgo de que las mismas observaciones se reproduzcan en ejercicios posteriores.
SEXTO. Especial relevancia de la transparencia de las entidades municipales
Las obligaciones de transparencia adquieren especial importancia respecto de las entidades dependientes del Ayuntamiento.
La Cala Gestió y La Cala Serveis gestionan recursos y actividades públicas, por lo que la ciudadanía debe poder acceder de forma sencilla y actualizada a la información que legalmente resulte exigible sobre su actividad.
La existencia de recomendaciones auditoras relativas a planificación contractual, contratos menores y publicidad aconseja verificar específicamente el grado de cumplimiento de estas obligaciones.
No debería ser necesario reconstruir la actividad económica de estas entidades exclusivamente a través de sus cuentas anuales o de los informes de auditoría.
La información esencial sobre contratación, organización y actividad económica debe encontrarse publicada, actualizada y accesible en los instrumentos de transparencia correspondientes.
SÉPTIMO. Las incidencias detectadas requieren un plan de acción y seguimiento
La documentación de 2025 permite conocer numerosas observaciones formuladas por Intervención y por los auditores.
La cuestión fundamental, una vez conocidas, es determinar:
¿Qué se ha hecho para corregirlas?
La aprobación de la Cuenta General constituye una oportunidad adecuada para que el Pleno conozca no solamente las incidencias correspondientes al ejercicio cerrado, sino también las medidas adoptadas para evitar su repetición.
La transparencia sobre las deficiencias detectadas debe ir acompañada de transparencia sobre su corrección.
CONSIDERACIONES
El conjunto de las seis alegaciones formuladas no pretende sostener que todas las incidencias detectadas tengan idéntica naturaleza o gravedad.
Debe distinguirse entre:
- incumplimientos expresamente constatados por Intervención;
- omisiones procedimentales;
- deficiencias de contratación;
- recomendaciones de auditoría;
- problemas de transparencia;
- baja ejecución presupuestaria;
- y circunstancias extraordinarias, como el efecto de la venta de la Residencia de ancianos sobre la regla de gasto.
Pero precisamente porque todas ellas aparecen en la documentación oficial correspondiente al ejercicio 2025, resulta razonable exigir que su aprobación definitiva vaya acompañada de una explicación suficiente de qué actuaciones correctoras se han adoptado.
La Cuenta General no debería limitarse a permitir conocer lo sucedido durante 2025.
Los informes de control que la acompañan deben servir también para mejorar la gestión de los ejercicios siguientes.
SOLICITA
Que se tenga por presentada esta alegación y, antes de la aprobación definitiva de la Cuenta General de 2025:
1. Se elabore o incorpore una matriz de seguimiento de las incidencias y recomendaciones contenidas en los informes de Intervención, control financiero y auditorías de La Cala Gestió y La Cala Serveis.
2. Para cada incidencia o recomendación se indique:
órgano que la formula – descripción – medida correctora – responsable – plazo – situación actual.
3. Se informe específicamente de las medidas adoptadas para corregir las deficiencias relativas a planificación contractual, prestaciones recurrentes sin contrato, contratación menor y omisiones de la función interventora.
4. Se informe sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones efectuadas a La Cala Gestió, incluyendo las relativas a contratación, publicidad, libre concurrencia y organización de los puestos de trabajo.
5. Se informe igualmente sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas respecto de La Cala Serveis, particularmente las relativas al Plan Anual de Contratación, contratos menores, suministros y servicios recurrentes y transparencia contractual.
6. Se verifique y haga público el grado de cumplimiento de las obligaciones de transparencia correspondientes al Ayuntamiento y sus entidades dependientes en las materias señaladas por los órganos de control.
7. Se establezca un calendario de regularización y seguimiento para aquellas deficiencias que continúen pendientes.
8. Se informe periódicamente al Pleno sobre el cumplimiento de dichas medidas hasta la subsanación de las principales incidencias detectadas.
9. Y que esta información sea incorporada al Portal de Transparencia, en aquellos extremos sujetos a publicidad, permitiendo a la ciudadanía conocer tanto las incidencias detectadas como las actuaciones realizadas para corregirlas.
CONCLUSIÓN FINAL
Las alegaciones formuladas se fundamentan principalmente en la propia documentación municipal, los informes de Intervención y las auditorías de las entidades dependientes.
Su finalidad no es cuestionar indiscriminadamente la Cuenta General de 2025, sino conseguir que su aprobación definitiva se produzca con información completa, trazabilidad suficiente y conocimiento por el Pleno de las incidencias detectadas y de las medidas adoptadas para corregirlas.